La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia de un Juzgado de Primera Instancia que modificó las medidas paterno-filiales, restringiendo el derecho de visitas del padre a su hijo menor, por su actitud indolente e incumplidora de las visitas y, sobre todo, por el habitual consumo de cannabis. La Audiencia confirma la modificación del régimen de visitas, pasando del habitual de fines de semanas alternos y mitad de las vacaciones, a un sistema de visitas restringido a todas las tardes de domingo y las tardes de sábados alternos, lógicamente sin pernocta del menor con su padre.El Tribunal de alzada malagueño establece que el ejercicio del derecho-deber que se consagra con el régimen de visitas puede modificarse cuando existan situaciones de riesgo para el menor, que pudieran dimanar de la falta de aptitud de los padres para asegurar una atención mínima a los hijos, sea transitoria o permanente. En el caso que nos ocupa, el consumo de cannabis que el padre reconoce efectuar todas las noches antes de dormir, podría afectar al menor en caso de concederse la pernocta, por lo que la protección e interés del menor aconsejan la restricción del régimen de visitas impuesto por el Juzgado de Primera Instancia.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2018 mantiene el régimen de custodia compartida sobre el hijo menor, pese al enfrentamiento personal entre ambos progenitores. Dicho enfrentamiento no puede ser en sí misma causa de denegación de la guarda y custodia compartida, ya que el interés superior del menor precisa de la atención y cuidado de ambos progenitores, debiendo ser este sistema debe ser el normal y deseable.

Dice la Sentencia: "Es doctrina reiterada en el sentido de que en los casos en que se discute la guarda y custodia compartida sólo puede examinarse si el Juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, la conveniencia de que se establezca o no este sistema de guarda (SSTS 614/2009, de 28 septiembre , 623/2009, de 8 octubre , 469/2011, de 7 julio , 641/2011, de 27 septiembre y 154/2012, de 9 marzo , 579/2011, de 22 julio , 578/2011, de 21 julio , 323/2012, de 21 mayo y 415/2015, de 30 de diciembre). La razón se encuentra en que "el fin último de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de éste" (STS 27 abril 2012, citada en la STS 370/2013). El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia".

Un Juzgado de Fuengirola (Málaga) autoriza el cambio de residencia de un menor al país de la madre, ante la oposición del padre. Con base fundamental en los artículos 156 y 158 del Código Civil, el Juez de Primera Instancia acordó que, debido a que la madre, que tenía la custodia del hijo menor de edad, había encontrado un trabajo estable en su país de origen, contaba con apoyo familiar en dicho país y además tenía plaza colegial reservada para su hijo, el interés del menor pasaba por autorizar el cambio de país de residencia.Aunque en la resolución judicial no se mencionó expresamente, el Juzgador siguió el criterio jurisprudencial fijado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de octubre de 2014, que estableció que el cambio de residencia al extranjero del progenitor custodio puede ser judicialmente autorizado únicamente en beneficio e interés de los hijos menores bajo su custodia que se trasladen con él.

Por desgracia, son muy habituales las caídas de ciudadanos en la vía pública por culpa de un acerado en mal estado, o por obras en la via que están sin señalizar.

Cuando uno se cae en la calle debido a este tipo de circunstancias, hay que seguir los siguientes pasos para la correspondiente reclamación de una indemnización al Ayuntamiento:

El primer paso es llamar a la Policía Local de forma inmediata, y cuando ésta se persone en el lugar, procurar que los agentes fotografíen los daños y el elemento de la calle que los ocasionó, así estas fotos se incorporarán al informe policial, obteniendo de esta forma un documento público y objetivo que goza de presunción legal de veracidad.

El segundo paso es localizar testigos del accidente para que presten declaración ante los agentes policiales, y obtener sus datos (nombre, dirección y teléfono) para poder citarlos para el expediente administrativo ante el Ayuntamiento, o para un eventual proceso judicial.

Tras estas gestiones, proceda a trasladarse al centro de salud más cercano, por sus propios medios o por ambulancia (según la gravedad de las lesiones), siendo muy importante que en el parte médico se haga constar expresamente que las lesiones producidas traen causa en la caída en la vía pública. 

Finalmente, contratar a un Abogado especialista en reclamaciones para que, una vez recabado el atestado policial y la documentación médica que acrediten las lesiones sufridas y su causa, reclame ante el Ayuntamiento del lugar del accidente la debida indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Se iniciará de este modo un expediente de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento competente por el que, tras la instrucción correspondiente, dicho organismo reconocerá o no el derecho a indemnización. En el caso de que el Ayuntamiento no reconozca dicho derecho, deberá presentarse demanda ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

Un Juzgado de Málaga ha condenado al Banco Popular a devolver 60.000 euros a una ama de casa sexagenaria y sin estudios por la compra de Bonos Convertibles del Banco Popular. El Juez ha estimado la demanda interpuesta por JUAN PÉREZ estudio jurídico, porque la falta de información del banco sobre la verdadera naturaleza y los altos riesgos del producto financiero vició de error el consentimiento prestado por la señora.

El 2 de octubre de 2009, esta ama de casa suscribió el contrato de adquisición de los bonos denominados BO POPULAR CAPITAL V. 2013, por importe de 60.000 euros, la práctica totalidad de sus ahorros, que siempre estuvo en depósitos a plazo fijo.

Esta buena señora nunca fue consciente de que adquirió un producto financiero y de alto riesgo, ya que la información verbal prestada por el personal del banco antes de contratar fue completamente insuficiente para entender la verdadera realidad del producto contratado. La incorrecta información precontractual sobre los bonos convertibles por parte del Banco Popular ha motivado que la sentencia declarara la nulidad del contrato y condenara a dicha entidad a devolver los 60.000 invertidos.