Resuelto un contrato de préstamo vinculado a un tratamiento dental y condena a Banco Cetelem a devolver 1.600 € abonados de más por el cliente.

Este 10 de junio se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el RDL 21/2020, que regula lo que se conoce como "nueva normalidad" tras el decaimiento del estado de alarma. A continuación exponemos un breve resumen de las obligaciones que se establecen:1) Uso obligatorio de las mascarillas para las personas mayores de 6 años:    A) en la vía pública, en espacios al aire libre y en lugares cerrados abiertos al público, siempre que no se pueda garantizar una distancia de seguridad entre personas de 1,5 metros.     B) en todos los medios de transporte. En los vehículos privados no será necesaria si los ocupantes conviven en el mismo domicilio. En los buques y embarcaciones no será necesaria la mascarilla dentro de los camarotes o en cubierta, si se puede garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros.    C) No será exigible el uso de mascarilla en caso de enfermedad que sea contraproducente su uso, ni para la práctica de deporte individual al aire libre, o de fuerza mayor.2) Obligaciones de los titulares de las empresas en los centros de trabajo:    A) adoptar las debidas medidas de ventilación, limpieza y desinfección del centro de trabajo, según sus características e intensidad de uso.    B) poner a disposición de los trabajadores agua, jabón y material desinfectante para la limpieza de manos.    C) adaptar los centros de trabajo y los turnos de forma que se garantice la distancia de seguridad de 1,5 metros, y en caso de no ser posible, dotar a los trabajadores de los debidos equipos de protección.    D) adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de trabajadores y clientes en los centro de trabajadores.    E) adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo, y potenciar el teletrabajo cuando la naturaleza de la actividad sea posible.    F) si un trabajador está aislado o en cuarentena por posible contagio del Covid 19, no deberá acudir a su centro de trabajo.  

Tras el acceso de la provincia de Málaga a fase 1 de la desescalada, los titulares de los Juzgados de Primera Instancia nº 5, 6 y 16 de Málaga, dedicados a Familia, han acordado la reanudación de los períodos de custodia compartida y régimen de visitas sobre los menores de padres separados o divorciados, recuperándose la plena vigencia de las medidas fijadas sobre hijos menores en las sentencias. De esta forma, los incumplimientos de la alternancia de las custodias compartidas o de los períodos de visitas pueden ser objeto de demanda de ejecución de sentencia por parte del progenitor que vea frustrado su derecho a tener consigo a sus hijos.Por otra parte, los períodos de estancias que no han sido disfrutados por los padres, debido al estado de alarma, deberán compensarse; y para ello los jueces de Familia de Málaga hacen un llamamiento a que los progenitores acuerden esta compensación de la forma más beneficiosa para los menores.De no efectuarse compensación, en los procedimientos de ejecución de sentencia que se planteen por esta causa, los jueces ponderarán el abuso de derecho, la mala fe o actitudes injustificadas como causa para imponer las costas procesales en dichos procedimientos.Lo más importante, cuando hay asuntos que afectan a los hijos menores, es ir de buena fe, tener sentido común y mirar por lo que realmente beneficia a los menores, dejando de lado los conflictos de los progenitores.

La declaración del estado de alarma afectó muy seriamente a los menores de familias con padres separados, ya que la prohibición de desplazamientos trajo consigo la suspensión de los regímenes de visitas o los cambios de turno, en las custodias compartidas. Por lo que muchos niños y sus progenitores llevan más de 40 días sin verse físicamente. A esta cuestión la Justicia no supo da una respuesta uniforme, y cada partido Judicial adoptó su propio criterio en relación a la movilidad o no de los menores, para el cumplimiento de las visitas o la alternancia de custodia; en unas ciudades se primó más la seguridad, no permitiéndose los desplazamientos de menores (Málaga capital, por ejemplo); y en otros partidos judiciales, se decantaron por el estricto cumplimiento de las sentencias.Con el reciente RDL 16/2020, de 28 de abril, se pretende reiniciar la actividad judicial, suspendida por el estado de alarma; y en el concreto capítulo del Derecho de Familia hay novedades importantes, aunque sólo con carácter temporal, ya que sólo tendrán vigencia hasta tres meses después de que finalice el estado de alarma:Se establece un procedimiento especial y sumario para resolver las siguientes cuestiones:- a) demandas sobre restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o en la custodia compartida, en los casos en que no se pudieron cumplir como consecuencia del estado de alarma.- b) demandas para revisar pensiones económicas para ex-cónyuges e hijos fijadas judicialmente, cuando se haya producido una variación sustancial de las circunstancias económicas del obligado a pagarlas, como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.- c) las demandas para establecer o revisar la obligación de prestar alimentos, cuando se base en la alteración sustancial de las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación, como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.Dicho procedimiento especial sumario, que cuenta con unos plazos procesales muy cortos (luego en la práctica se alargarán más, seguro), finalizará mediante resolución judicial que podrá dictarse por escrito o de forma oral, y en ese caso, si las partes manifiestan que no recurrirán la sentencia, ésta se declarará firme en ese mismo acto.  

En los Decretos del Gobierno dictados tras la declaración del estado de alarma no se había contemplado ningún tipo de medida concreta sobre los alquileres de los locales de negocio, base del comercio local en todas ciudades y pueblos del país. Tras el RDL 11/2020, por el que se establecieron una serie de ayudas para alquileres de viviendas habituales, cuyos inquilinos se encuentren en situación de vulnerabilidad, se ha dictado el RDL 15/2020. En dicho Real Decreto-ley se articulan unas ayudas mínimas para autónomos y PYMES arrendatarios de inmuebles afectos a sus actividades, y que se basan en una regulación sobre aplazamientos de pago, que pasamos a resumir a continuación:

1) Para alquileres cuyos arrendadores sean empresas públicas o grandes tenedores (más de 10 inmuebles urbanos):

Entre el 23 de abril y el 23 de mayo, el inquilino podrá solicitar una moratoria en el pago de la renta, que deberá ser aceptada por el arrendador, si no hay un acuerdo previo entre las partes que ya haya establecido dicha moratoria o una rebaja de la renta. El aplazamiento del pago de la renta durará el tiempo que está vigente el estado de alerta, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de cuatro meses. La renta aplazada se devolverá de forma fraccionada en un plazo de dos años siguientes a la finalización de la moratoria, sin penalización ni intereses.

2) Para el resto de alquileres:

Entre el 23 de abril y el 23 de mayo, el inquilino podrá solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta, siempre que no haya existido un acuerdo previo sobre aplazamiento o rebaja de la renta. Sin embargo, en esta caso la norma no obliga al arrendador a aceptar esa solicitud de moratoria. Esto supone que hay que promover los acuerdos entre arrendatario y arrendador para solucionar el grave problema de la falta de actividad en el inmueble arrendado.

3) Para todos los arrendamientos:

Las partes podrán acordar disponer de la fianza para el pago total o parcial de mensualidades de renta. Si así lo hace, el inquilino tendrá la obligación de devolver la cantidad dispuesta de la fianza en el plazo de un año, o antes de que finalice el contrato, si éste tiene tiene un plazo de vigencia inferior a un año.

¿Qué requisitos son necesarios para optar a estas ayudas?

- Si el arrendatario es autónomo, debe estar afiliado y dado de alta a fecha 14 de marzo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en una Mutualidad sustitutiva.

- Si el arrendatario es una PYME no debe superar los límites fijados por el art. 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

- Su actividad debe estar suspendida por la declaración del estado de alarma

- Si la actividad no estuviese suspendida por el estado de alarma, debe acreditar una reducción mínima del 75% de su facturación en el mes anterior a la solicitud de aplazamiento, en relación a los meses de actividad normal.